Cuestionan al fiscal que instruye las causas contra Manuel Mosca por su ”inacción” en una investigación que compromete a cinco policías

La detención de cinco efectivos policiales en la ciudad de Laprida, acusados de la muerte de una joven en el interior de la comisaría local, expuso el accionar del fiscal José Ignacio Calonje al frente de la causa que en un primer momento estuvo caratulada como “averiguación de causales de muerte“ pero que, reautopsia mediante, pasó a denominarse “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”.

Calonje fue señalado por la Comisión por la Memoria (CPM), querellante en la causa, apenas se hizo cargo de la causa por la muerte de Daiana Abregú en la comisaría de Laprida. Según el organismo de Derechos Humanos, defendió la autopsia del cuerpo de la joven que se realizó bajo las directivas del fiscal anterior, Cristian Urlezaga (de la UFI 7 de Olavarría), en la que no se respetaron los estándares que establece la normativa internacional y la Constitución Nacional. El resultado de este estudio había dado como resultado que el cuerpo de la joven presentaba “surco de ahorcadura“, lo que fortalecía la versión policial de un posible suicidio.

“La autopsia del 6 de junio se realizó sin aplicar el protocolo de Minnesota, una resolución que resulta inaceptable en el marco de las disposiciones que emanan de la normativa vigente. Se trata, por lo tanto, de un examen incompleto ya que no fue efectuado con las previsiones de una investigación sobre una muerte violenta ocurrida en contexto de encierro y bajo custodia estatal“, refirió la CPM y agregó que hubo “faltante de radiografías, ausencia de análisis para determinar si algunas marcas o heridas en el cuello de la joven fueron generadas con anterioridad o son posteriores a su muerte, el carácter limitado del registro fotográfico y fílmico“.

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Desde el organismo señalaron que, pese a las inexactitudes periciales, el fiscal Calonje se negó a realizar una nueva autopsia desconociendo que en el expediente judicial había nuevos testimonios y medidas de prueba que vincularían a funcionarios policiales en la muerte de la joven y que obligaban a profundizar la hipótesis del homicidio. ”A pesar de tratarse de una muerte en contexto de encierro, y de ser titular de una unidad teóricamente especializada en este tipo de delitos, Calonje siguió defendiendo la autopsia ordenada por el primer fiscal”, subrayó la CPM.

Finalmente se logró que la jueza de Garantías de Azul, Fabiana San Román, ordene una reautopsia del cuerpo de Abregú. La misma estuvo a cargo de cuatro médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata y arrojó como resultado que la muerte de la joven se produjo como consecuencia de un edema hemorrágico pulmonar. De esta manera, la causa tomó un giro significativo y pasó a consignarse como un homicidio.

En su escrito, San Román se refirió al desempeño de Calonje como instructor de la causa. Dijo que “resulta escaso el aporte probatorio realizado hasta la fecha” y que “llama la atención su inacción”. Y sentenció: “Tampoco se explica cómo, habiendo existido otros funcionarios policiales que cumplieran sus labores esa fatídica mañana y que, el representante del Ministerio Púbico Fiscal ha dejado al margen del pedido de coerción, no les haya recibido testimonio, máxime si se tiene en cuenta que algunos de ellos, conforme los libros aportados, pudieron haber tenido contacto directo con la víctima luego de su ingreso a la comisaría en calidad de contraventora”.

La palabra del fiscal

Calonje brindó una conferencia de prensa este martes, en la que resaltó que deben esperarse “las restantes pericias“ que son las que “nos van a determinar con mayor certeza qué pasó ese día“. Según estimó, los resultados estarán para mediados del mes de agosto.

Asimismo, remarcó que “con la autopsia y la calificación de homicidio, pedí la detención y eso bastó a la jueza de Garantías para que estén detenidos“ los acusados de la muerte de Abregú. En tanto, aclaró: “No estoy diciendo que es un homicidio ni que es un suicidio“.

Las causas contra Manuel Mosca

La fiscalía de Calonje instruye dos causas penales que involucran al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Ángel Manuel Mosca, por presuntos hechos de abuso sexual contra dos mujeres de Bolívar. Una de ellas relata haber sido víctima mientras trabajaba para él en Diputados, mientras que otra narra episodios que habrían sucedido en el año 2009 en el marco de una campaña político electoral.

El letrado, pasados casi siete meses del ingreso de las dos denuncias, sólo le tomó declaración a las dos denunciantes. Según narran desde la querella, Calonje hizo lugar únicamente al pedido de realización de una pericia psicológica a una de ellas pero todavía no avanzó con el llamado a indagatoria del acusado. “La misma inacción tiene frente a este caso. Nosotras nos movemos, insistimos y producimos las pruebas“, manifestaron a este medio.

Caso Simón

El 5 de diciembre de 2021, en la ciudad de Tandil, un joven de 19 años llamado Sebastián Simón murió a manos de Luciano Jaureguiber, un funcionario municipal del gobierno de Miguel Lunghi que lo atropelló y huyó. La víctima fue hospitalizada pero perdió la vida como consecuencia de las heridas.

Por tratarse de un funcionario público, la causa recayó en la Unidad Funcional de Investigaciones de Delitos Especiales (UFIE) que dirige Calonje. Bajo su instrucción, la causa se extendió hasta abril de este año con la detención efectiva de Jaureguiber luego de varias idas y vueltas, según consignó el diario El Eco de Tandil.

Pero durante los primeros tres meses de investigación, la familia del joven fallecido junto al Movimiento 1° de Octubre se movilizó a principios de marzo al Juzgado de Garantías de Azul a pedir el apartamiento de Calonje. Según manifestaron en aquel momento, “después de tres meses de impunidad, el fiscal no pidió la detención ni una sola vez [de Jaureguiber] porque en lugar de creer en los hechos objetivos decidió creer en la declaración falaz y mentirosa del imputado“.

Marcos Lede Mendoza