La Cámara de Senadores bonaerense aprobó el pasado jueves la ley que declara la emergencia sanitaria en los geriátricos, un proyecto girado por el gobernador Axel Kicillof y en el que metieron mano algunos intendentes, responsables de ahora en adelante de controlar que las residencias que todavía no cuentan con habilitación cumplan con las condiciones mínimas de bioseguridad hasta que terminen de regularizarse.

Como primera condición, el proyecto establece que deberá iniciarse un proceso de empadronamiento y fiscalización de los geriátricos, regularizando aquellos que no cuenten con habilitación vigente. Mientras tanto, podrán continuar con un funcionamiento “excepcional, precario y transitorio”.

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El tema de los geriátricos dio que hablar luego de que en una residencia de Capital Federal se contagiara una decena de adultos mayores y que más tarde la secuencia se repitiera en otros establecimientos de la provincia. Si bien se controló, el temor de las autoridades a un contagio “a la española” siempre estuvo latente.

De esta situación la ciudad de Bolívar no estuvo exenta. Sin ir más lejos, el gobierno local amagó con cerrar preventivamente los geriátricos y, reclamo mediante de sus dueños, tuvo que volver para atrás.

Al mismo tiempo que el gabinete de Marcos Pisano definía en el CRUB el cierre de los establecimientos (luego se dijo que el objetivo era más bien “reducir” la cantidad de residentes), el 23 de abril pasado, el diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca se comunicó con el gobernador de la provincia para expresarle su preocupación.

Protesta de dueños de geriátricos en el Centro Cívico.

Tanto en el entorno de Bucca como en el de Pisano subrayan que Axel Kicillof comprendió que los geriátricos podían ser una verdadera bomba de tiempo en cuanto a posibles contagios de coronavirus. Pero además, que debían “flexibilizarse” las exigencias para las habilitaciones debido a que varias residencias privadas estaban bastante por debajo del status de bioseguridad.

La intervención de los representantes bolivarenses ante el gobierno de la provincia también logró introducir algunas modificaciones al borrador inicial, hecho que fue reconocido por el diputado provincial César Valicenti cuando días atrás visitó la ciudad y recorrió el hospital junto a Pisano.

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“Tuvieron que ver con el rol de los intendentes y no dejarlos tan expuestos en estos casos. Que la responsabilidad sea compartida (entre municipio y provincia) y que se cuente con un paraguas legal, ya que es un riesgo muy grande ”, explican cerca de Bucca y Pisano sobre las modificaciones.

Por caso, la ley votada el jueves en el Senado ordena que el establecimiento que no cumpla con las condiciones mínimas de permanencia deberá ser clausurado y los adultos mayores que allí residan serán trasladados a otros geriátricos. Además, se suma la creación de un subsidio para promover mejoras en cada uno de ellos.

Marcos Lede Mendoza@ledemendoza_m

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